El concepto de nación, tal y como hoy lo entendemos, es una noción eminentemente moderna, producto, consecuencia y factor de toda una serie de procesos históricos de larga data, más allá de la Edad Media, pero que no cristaliza como idea-fuerza y realidad autoconsciente hasta el siglo XIX. En este sentido, una nación es un invento reciente. La disputa en torno a qué es una nación está lejos de estar solventada en la sociedad, el ámbito de la política y de la academia; existen posiciones diversas y una larga disquisición filosófica que ha vertebrado gran parte de las confrontaciones y presupuestos de la política contemporánea. Mi opinión, una más, es la siguiente. Una nación se compone, como mínimo, de un doble conjunto de características, separados aquí en aras de una mejor compresión analítica pero que están indisolublemente unidos. Por un lado, posee elementos que podríamos denominar “objetivos”, tales como la existencia de una cultura compartida, una lengua, una historia, costumbres y tradiciones comunes. Un segundo grupo de características se relaciona con elementos digamos de orden más “subjetivo” en el que lo fundamental es que esos elementos “objetivos” sean percibidos como propios y diferenciadores con respecto a otros grupos y, hecho fundamental, la existencia de una voluntad colectiva, en base a esa autoconsciencia, de ser nación, y desear, con una mayor o menor articulación, que esta especificidad sea reconocida amplia y políticamente. Esta última característica es la clave para entender, en el caso español, porqué Andalucía, mi querida tierra, no es una nación y porque Catalunya, o Euskadi, si lo son. Por la existencia, sostenida en el tiempo, con una notable influencia, y un respaldo significativo en la población, de una corriente-movimiento social nacionalista que reivindica el derecho al reconocimiento de su especificidad. A pesar del tiempo transcurrido desde que tales movimientos nacionalistas existen en España, a pesar de la durísima represión a la que se han visto sometidos, a pesar de la contumacia asesina de ETA y de la oculta historia del terrorismo de Estado, a pesar del amplio reconocimiento conquistado por los diversos movimientos nacionalistas periféricos; a pesar de todos los pesares, el problema de la cuestión nacional no ha sido solventado en España. La cuestión fue eficazmente apaciguada con el Estado de las Autonomías puesto en marcha durante la transición política. Este modelo, consagrado en el Título VIII (De la organización territorial del Estado) de la Constitución española de 1978, está en crisis. Éste es sólo uno de los aspectos de la crisis multidimensional en la que se encuentra España, quizás uno de los fundamentales, pero inserto en una tendencia generalizada: el de la implosión del régimen de 1978. Esta implosión es resultado del desborde definitivo de sus límites, que ya no pueden contener en su estrecho marco la realidad cambiante de la sociedad española, azuzada y azotada por una crisis económica y, hecho también fundamental, unas políticas de austericidio, que han puesto en solfa todos los preceptos en los que se basaba el consenso político en España. El creciente desprestigio en el que se han instalado las instituciones del Estado ha provocado que la desafección ciudadana se desplace desde el espacio de la indiferencia (una forma de aceptación pasiva) hasta el espacio de la oposición (una forma de negación activa). Una “zona de ruptura”. Todas las instituciones españolas han ido perdiendo empuje y capacidad de articulación de consenso en la sociedad. Los ciudadanos españoles perciben tendencialmente a las instituciones, desde el Parlamento a los tribunales de Justicia, pasando por los partidos políticos, sindicatos e incluso a la monarquía (aunque quizás la operación Felipe VI ha sido un inteligente ardid político que ha detenido la hemorragia en este ámbito), como algo ajeno y al servicio de intereses particularistas y no relacionado con ese vaporoso concepto que podríamos definir como el bien común. Esta situación pone sobre la palestra la existencia de un enorme déficit de confianza de la población con respecto al sistema, que es la expresión de una quiebra social que remite a la autopercepción generalizada de la existencia de un enorme déficit democrático en nuestro sistema político. Esto es a lo que María Luz Morán, una de las más brillantes mentes sociológicas de nuestro país, ha denominado la quiebra de la matriz cultural de la democracia. En apretada y simplificadora síntesis: la desarticulación de los consensos básicos en los que se aupó el modelo de la Transición; fundamentalmente la asunción de que el nuevo régimen democrático y la integración en Europa iban a solventar el problema histórico de España: la plena homologación con el entorno europeo y su consenso social de posguerra que asociaba democracia a bienestar, modernización y progreso. En España, la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la inexistencia de controles internos, las intromisiones incestuosas entre los poderes del Estado que convierten la separación de poderes en algo muy lejano a lo que nos aseguraron, la manipulación de los medios de comunicación públicos, el exasperante e insultante desprecio con el que los principales partidos y líderes políticos tratan a la población, la manifiesta evidencia de que el apretarse el cinturón de unos ha supuesto que a otros les reviente directamente del hinchazón de acumulación por despojo concentrado en la panza y, como remate, la extendida consciencia de que las grandes decisiones que realmente importan para la vida de las personas se toman en despachos en Bruselas y Berlín, en organismos que escapan absolutamente a la soberanía popular y a los procedimientos democráticos, son sólo algunos de los síntomas más evidentes percibidos por la población. Ha calado la idea de que algo va mal y de que los responsables son precisamente los encargados de evitarlo. Este contexto ha sido percibido con lucidez por el nacionalismo catalán, consciente de que la propia idea de España como proyecto está en cuestión, y aprovecha, con la sabiduría que le otorga ser más viejo que el diablo y haberse batido el cobre, con notable éxito, en las más pantanosas aguas de la política española, para barrer para casa. Su órdago soberanista, en el caso de la derecha nacionalista catalana, está atravesado además por un manifiesto interés por correr un tupido velo sobre la responsabilidad propia en la articulación de políticas austericidas que han degradado la situación social en Catalunya, y por la intención de levantar un telón de acero sobre una curiosa paradoja: en términos de comportamiento político, la clase política catalana es eminentemente española; esto es, corrupta, despreciativa con los intereses generales de la población y enferma de déficit democrático. Como un espejo, el unilateralismo dogmático del nacionalismo español se representa como su otro yo en el nacionalismo catalán. Otro tanto podríamos decir de la causa nacional en Euskadi. El Partido Popular, el más distinguido de los impulsores del sentimiento nacionalista en Catalunya, dada su tendencia a hacer política anticatalana para ganar apoyos en España, manipula los sentimientos encontrados en esta cuestión en aras a conseguir réditos políticos y electorales. El nacionalismo catalán, y también el vasco, presentan una lista de agravios sobre la que habría mucho que discutir, y juega con el mismo juego de espejos distorsionadores de la realidad, de confrontaciones simplificadoras en el que se ofende a las partes en desacuerdo, se soslaya la enorme diversidad de las propias sociedades y se enarbola como máximas que solventarán todos los problemas una idea de nación muy reducida y un clásico proyecto de autodeterminación (una nación, un Estado) elevados al nivel de realidades divinas e indiscutibles. Es hora ya de romper estos espejos. Es decir, de cambiar el marco constitucional que establece nuestro modelo de convivencia en común, dotando a Euskadi y Catalunya de una articulación institucional que refleje su especificidad concreta y, si, desigual, y de empezar a tratarnos con respeto y admiración como partes de un conjunto heterogéneo y plurinacional. Abandonar las posiciones maximalistas de los dos extremos es una tarea ingente que no sé si nuestros políticos serán capaces de articular. La gente de Podemos en Catalunya apunta maneras, y el discurso de la lúcida, competente e inteligente Gemma Ubasart, parece que va en este sentido, si bien algunas ambigüedades en el discurso de Podemos, por mucho significante vacío que se teorice, huele a las artimañas de la confusión del “sí, pero no” de toda la vida y desde que se armó la de “Dios es Cristo”. Hace falta una enorme labor de educación a nivel social igualmente titánicas, porque han sido décadas de creación de artificios maniqueos que enfrentan a las distintas comunidades, con un nivel de irresponsabilidad por parte de los líderes políticos que raya la tendencia suicida. La escena política que se abre con las próximas elecciones generales en España, y las autonómicas en Catalunya, es una oportunidad de oro para hablar con sinceridad sobre esta cuestión nacional que se erige como una columna vertebral distorsionadora de los problemas sociales y políticos compartidos. Ojalá podamos avanzar algo en esta cuestión, ojala algún día decir “visca España, viva Catalunya” no suene a provocador sinsentido.

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