La comparecencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre su cita con Rodrigo Rato ha sido de fábula. Un auténtico relato de ficción, expresado en un tono displicente y con una pretensión moralizante, en el que se acusa de irresponsabilidad a aquellos que se atreven a exigirle explicaciones. La moraleja está clara: no importa el nivel de desprecio y de insulto a la inteligencia del que haga gala el Partido Popular: siempre pueden superarse.

La alarma en la opinión pública por esta cita Fernández-Rato, como es lógico, ha sido mayúscula, pues a don Fernández Díaz, como titular de su Ministerio, se le supone un conocimiento y un poder de decisión significativo sobre los procesos de investigación policial y judicial que afectan a Rodrigo Rato. No en vano, el Ministro del Interior es el jefe de la Policía y la Guardia Civil, y el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, la llamada Unidad Central Operativa (UCO) está investigando por orden del tribunal número 31 de Madrid a Rato, un personaje que, en sí mismo, es un ícono de la genealogía del latrocinio en nuestro país.

Teniendo en cuenta que nos hemos enterado por la prensa de tal encuentro, que las explicaciones dadas por el ministerio han sido cuando menos contradictorias, y dada la experiencia que la sociedad española viene acumulando en los últimos cuatro años en torno a la extraordinaria capacidad del partido del gobierno para entrometerse, enfangar y dificultar los procesos judiciales que le afectan, es cuando menos comprensible que todos aquellos que creemos en la democracia y en su precepto de separación de poderes nos hayamos echado las manos a la cabeza ante esta reunión entre el titular del ministerio y el pluri-imputado Rato, el Gran Emprendedor, quien, a través de su responsabilidad en el mayor caso de estafa de la historia de España, por citar únicamente uno de los procesos por los que está siendo investigado, el llamado caso Bankia, es responsable de la sustracción al erario público de ni más ni menos que 22.500 millones de euros, los que el gobierno puso para el rescate de la entidad bancaria que dirigió don Rato. Un datillo más,  Rodrigo Rato se gastó 99.000 euros con las famosas tarjetas black de las que disfrutaron todos los consejeros de Caja Madrid-Bankia. Pa sus gastillos. Libres de vergüenza e impuestos.

Para alimentar aún más el estómago de la desconfianza que el gobierno lleva alimentando prácticamente desde que Rajoy puso sus presidenciales posaderas en el sillón presidencial de Moncloa, resulta que don Fernández Díaz, desde que ejerce su cargo en el Ministerio de Interior, nos ha ilustrado ya en sobradas ocasiones con su infatigable habilidad para marear la perdiz, mentir más que pestañear, decir una cosa y la otra, en el mismo paquete, sin solución de continuidad, con un desparpajo desacomplejado y galvanizado con el aura de la fingida indignación ante el menoscabo que las dudas plantean a su profesionalidad y la dignidad de su cargo.

No hace mucho, si ustedes recuerdan, en febrero de 2014, murieron 15 inmigrantes subsaharianos en las costas de Ceuta cuando trataban de cruzar a nado la frontera. Las circunstancias de esta tragedia fueron carne de polémica por la actuación de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma a los inmigrantes mientras estaban en el mar.

Durante el desarrollo de esta crisis, Fernández Díaz se destacó por la brillantez con la que negó la evidencia que los propios vídeos de la Guardia Civil mostraban. Negó que se disparara a los inmigrantes directamente, sino en parábola, justificó la falta de auxilio por parte de las embarcaciones de la Guardia Civil por la imposibilidad de entrar en aguas marroquíes y afirmó que los migrantes fueron entregados a las autoridades marroquíes sin ningún tipo de lesión y herida. Las imágenes de los videos desmienten, punto por punto, cada una de estas tres falacias: se ve disparar a la Guardia Civil a bocajarro, se ve a dos lanchas de la guardia civil en aguas marroquíes, y se percibe claramente como al menos un inmigrante apenas podía sostenerse en pie cuando lo entregaron a las autoridades de Marruecos.

El Ministro ha protagonizado otras polémicas sonadas, como anunciar una operación contra ETA antes de que esta hubiese acabado, relacionar la actividad de ETA con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, acusar al líder de Podemos de que le preocupen mucho más los verdugos que las víctimas (lo de ETA es un filón sin fin) así como por justificar las devoluciones en caliente en la frontera, algo que contravenía, hasta que cambiaron la ley, la legislación española, y que sigue contraviniendo las leyes Europeas. También dijo que las “concertinas” ese sistema de alambradas infame, no eran un elemento agresivo y que sólo producen heridas leves. Paro ya, que recordar tanta desfachatez produce urticaria.

No me resisto sin embargo a mencionar su opinión sobre el matrimonio homosexual, digna de aparecer con todos los honores, como cita para la posteridad, en el frontispicio del Templo a La Caspa Reaccionaria: “si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

Este es el nivel de Fernández Díaz, el ministro que encomendó la solución de los problemas de España a Santa Teresa de Jesús. El Ministro que se ha reunido en la sede del Ministerio encargado de cazar a los ladrones con uno de los más destacados representantes del robo en masa al contribuyente; el Ministro que nos pide, simplemente, que creamos en su palabra, una palabra cuya honestidad ha sido erosionada hasta la disolución como consecuencia de las propias actuaciones de su portador.

Resumiendo, según el relato del Ministro ante la Comisión, él, que sí es un profesional responsable y debido a su trabajo, ha actuado dentro de la legalidad y con transparencia, cumpliendo con las funciones atribuidas a su cargo, al reunirse con Rodrigo Rato. El carácter de la reunión le ha obligado a guardar la “debida reserva”, prudencia y compostura, pero se ha visto obligado a romper con tal actitud debido a la “irresponsabilidad de algunos”.

La estupefacción que uno siente cuando escucha a todo un Ministro decir que la reunión se hizo con transparencia simplemente por haberse realizado en la sede de Interior, con lo cual queda constancia de la visita, se desborda inmediatamente cuando asevera que todo se ha hecho con luz y taquígrafos. Si mi dominio de la lengua materna no está atrofiado, la expresión con luz y taquígrafo hace referencia a la claridad y a la presencia de testigos, dos características que han destacado precisamente por su ausencia en la reunión entre Rato y Fernández.

La cara de póquer que se nos queda al personal es aún mayor cuando el Ministro del Interior afirma, para más inri, que su comparecencia es a petición propia, cuando en realidad, como en el fondo se desprende del discurso, ha sido provocada por la alarma y las críticas del todo legítimas que han saltado entre la opinión pública a partir del momento en el que el diario El Mundo reveló la existencia de esta reunión, que no aparecía en la agenda pública del señor Jorge Fernández Díaz.

El insulto a la inteligencia es aún mayor cuando afirma que la reunión no tuvo lugar en un piso franco ni en cualquier otro lugar clandestino, enarbolando este hecho como prueba de la no intención de cometer delito alguno; en caso contrario “no la hubiera celebrado en esas condiciones”. Es decir, el ministro pretende que le agradezcamos esta supuesta honorabilidad en su comportamiento. No hay que congratularle por ello, señor Ministro, esa es su maldita obligación, producto del contrato de todo representante público con la ciudadanía.

Fernández nos relata, tras la insultante perorata explicada anteriormente, que la reunión estuvo motivada por la preocupación del señor Rodrigo Rato sobre su seguridad física y la de sus familiares, habidas cuentas de las amenazas e insultos que recibe a través de las redes sociales. Rato tiene a su disposición un servicio de protección pagado por el Estado (es decir, por todos los ciudadanos españoles), como corresponde a su condición de ex alto cargo del ejecutivo del país. Conocedor de la política de reducción de gastos en este ámbito, Rato concertó la cita con el ministro para saber si se le iba a mantener, reducir o eliminar tal servicio de protección.

De ser cierto este relato, como mínimo habría que preguntarse por qué el señor Rato cuenta con la prerrogativa de ser atendido directamente por el ministro, y cómo es posible que se le otorgue esta distinción a una persona bajo la que recae la acusación de haber estafado a miles de españoles, blanquear dinero y pegarse la vida padre con tarjetas de crédito a cargo del dinero público procedente del rescate a Bankia. En un contexto además de enorme hastío, preocupación e indignación en la ciudadanía por los continuos casos de corrupción que saltan a la palestra pública, mostrándonos la sangrante evidencia del constante robo a cara descubierta al que hemos sido sometidos durante años por parte de un buen número de representantes políticos, muchos de cuyos más destacados representantes pertenecen al partido del gobierno.

El Ministro pretende convencernos que la falta de información inicial sobre esta reunión se debe a la debida reserva que imponía la delicada temática que trataba con Rato, que sólo afectaba al ámbito de su seguridad. La dignidad de los cargos que ostentó Rato en el gobierno es lo que justifica que se reuniera con el Ministro, así como las “fundadas sospechas” de la amenaza para su seguridad y la de sus allegados (400 twits ofensivos). No importa que la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que ha mostrado su perplejidad por la deferencia con la que se trata a Rato, haya declarado que no existe constancia de ninguna denuncia interpuesta por Rato a tal efecto. No importa que Rato haya declarado que en la reunión se habló de todo lo suyo. De fábula.

En definitiva, tras la declaración del Ministro, lo que a uno le queda claro es que los ladrones de guante blanco, alcurnia y buenos contactos, los golfos nacidos en las cunas de las élites que llevan mandando y ordenando en España de toda la vida, tienen derecho a un trato preferencial cuando la justicia llama a su puerta.

A uno no le queda más que pensar que en esa reunión se habló de lo que se tenía que hablar. De cuánto sabe Rato, de que armas tiene para poner en aprieto al gobierno, y de que soluciones pueden articularse para pagar su silencio. Estas sospechas siguen ahí, no tendrán ningún efecto político, y el cuento que nos han contado permanecerá flotando en el aire hasta que la próxima polémica genere una nueva fábula, que volverá a indignarnos mientras olvidamos el anterior embuste. Queda claro también que el Ministro no va a dimitir, que Rajoy no va a asumir ningún tipo de responsabilidad política, y que siguen tratándonos como a imbéciles.

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