De nuevo, la celebración de L´Onze de Setembre en Barcelona demuestra la vigorosa fortaleza del independentismo en Catalunya y la solidez de sus anclajes en amplios sectores de la sociedad civil catalana.

Catalunya tiene unos 7,5 millones de habitantes; de éstos, cinco millones y medio están en edad de votar. De entre quienes ejercieron el derecho al voto en las elecciones autonómicas de 2015, unos 1,9 millones decidieron otorgar su confianza a partidos políticos que acudieron a la contienda electoral con una nítida propuesta independentista como bandera[1]. Esto supone un 47,8 % del voto válido y un 35,68 % del censo.

Según las últimas encuestas del Centre d´Estudis d´Opinió (CEO), un 62% de los catalanes es de la opinión de que su tierra posee un nivel insuficiente de autonomía. Cuando preguntan explícitamente a los catalanes por el modelo de relación territorial que desean mantener con el Estado Español, las respuestas son claras: la primera posición en preferencia es la de la independencia (34,7), la segunda la del mantenimiento del status quo (Estado de las Autonomías: 30,5) y la tercera la constitución de un Estado catalán pero dentro de una España federal (21,7).

Esto quiere decir que un 56,4% de los catalanes quiere un Estado propio, aunque existen entre ellos diferencias entre si esto debe hacerse dentro o fuera de España. Y hoy la opción mayoritaria es la hacerlo desconectando de España.

Desde el año 2012, los datos del CEO vienen detectando un crecimiento exponencial del sentimiento independentista entre los catalanes. El apoyo a la independencia rondaba en torno al 15 por ciento en el año 2006, alcanzó su pico máximo en noviembre del 2013 con un 48,3% de partidarios, y hoy mantiene una posición aún mayoritaria con un 34,7%.

Esta realidad propicia fenómenos políticos curiosos. En unos, que vamos a llamar los defensores del proyecto uninacional de España, produce una ceguera de dimensiones colosales. O ignoran la existencia de esa masa social crítica independentista, magníficamente organizada, ilusionada y motivada a la par que convencida de sus valores y su proyecto, o la desprecian al conceptualizarla como una masa de ignorantes que están dejándose conducir borreguilmente por los políticos soberanistas. En otros, que vamos a llamar los defensores del proyecto uninacional de Catalunya, ha  producido la enfebrecida conciencia de que uno puede imponer un proceso hacia la independencia con sólo el apoyo del 35,68 % de los votos sobre el censo.

Es curioso que ambos sectores se comporten de la misma manera: se apoyan en el principio de la mayoría, sea esta de la magnitud que sea, para justificar la imposición sobre el resto. No deja de ser curioso que el mismo argumento esgrimido por Rajoy para justificar cualquiera de sus desmanes, esto es, que poseen el voto de la mayoría, (en el caso del PP en las elecciones de junio 2016, un 33,01 del voto válido y un 21,4% del censo) sea el que sirve de legitimación a Puigdemont, Junqueras o Anna Gabriel para legitimar un proceso de ruptura con el Estado que afecta a bastantes más catalanes de los que decidieron votarles. A ambos les asiste la legitimidad democrática, y a ambos les caracteriza un concepto de la democracia bastante chato, al menos en este aspecto que destacamos.

En mi opinión, la clave explicativa de lo que está aconteciendo en Catalunya se cifra en al menos 3 claves: 1) la existencia de un irresuelto problema político e histórico de organización territorial del Estado y de atención a la pluralidad nacional interna, 2) la decisión de los actores de todo el espectro político de quebrar los consensos alcanzados durante la Transición y 3) la crisis económica.

Voy a explicar someramente cada uno de estos puntos.

1.- El problema histórico-político

En Catalunya existe un sentimiento de pertenencia a una nación diferenciada que perdura a lo largo del tiempo. Y es lo suficientemente extendido entre amplios sectores de la población catalana para que pueda afirmarse que Catalunya es una nación.

Porque una nación, aparte de algunos datos con carácter objetivo, como pueden ser la existencia de una cultura, una lengua y una historia comunes, posee también una dimensión subjetiva: la conciencia de que esos elementos comunes marcan una diferencia fundamental con respecto a otros grupos, así como, hecho esencial y definitivo, la existencia de una voluntad colectiva que desea que esa sentida diferencia tenga una expresión política.

Estos supuestos se dan en Catalunya, y negarlos es permanecer ajeno a lo que la realidad anuncia.

Lo que tenemos con la llamada “cuestión catalana” es por ello, en parte, resultado de un problema político e histórico irresuelto, esto es, la confrontación entre dos modelos de España mutuamente irreconciliables: la idea de una España uninacional frente a la idea de una España plurinacional. La vigencia de este problema ha llegado hoy a tan altas cotas que un tercer proyecto, también irreconciliable con los mencionados, y que rompe ya con el esquema de la pertenencia a España, mantiene hoy una pujanza nunca alcanzada: el proyecto de una Catalunya independiente y uninacional.

Esta cuestión se enlaza con un dilema de hondo trasfondo histórico, rastreable desde la Edad Moderna, potenciado en el siglo XVIII con la llegada del modelo francés de Estado moderno autocrático, burocrático y centralista implantado por la nueva dinastía monárquica de los Borbones.

Como es sabido, para cualquiera que se atreva a mirar a la Historia de frente y con el mínimo de prejuicios posibles, la dinastía borbónica se impuso en España  tras y a través de la guerra. La llegada de los borbones al trono español se produjo como consecuencia de la muerte sin descendencia del que sería el último de los Habsburgo, Carlos II. Su muerte inició una guerra que tuvo dimensión internacional y nacional, en la que se enfrentaron dos candidatos al trono: Felipe de Anjou (futuro Felipe V, apoyado por Francia, entre otros) y el archiduque Carlos de Austria (apoyado por Inglaterra entre otros).

El primero, perteneciente a la dinastía de los borbones, logró imponerse en la guerra, y una de sus primeras medidas fue la abolición de las instituciones de autogobierno catalanas. Esto fue así porque Catalunya había defendido la candidatura al trono de Carlos de Austria y se posicionó de su lado en la guerra. Las élites catalanas entendieron que apoyar al Archiduque favorecería el mantenimiento de sus fórmulas de autogobierno (y dicho sea de paso, de su hegemonía político-económica). Acertaron, y lo comprobaron con la derrota. La entrada de las tropas borbónicas a saco en Barcelona el 11 de septiembre del año 1714 tras 14 meses de asedio marcó el principio del fin de las instituciones de gobierno catalanas.

Desde entonces, salvo en cortos períodos, como fue el caso de la efímera y caótica experiencia de la Primera República (1873-1874), la tónica fue la conformación de un modelo de Estado centralista y autoritario desconocedor en términos generales de las diferencias nacionales internas en España.

La reclamación de la recuperación de las instituciones de autogobierno catalán data de mediados-finales del siglo XIX, cuando surge el nacionalismo catalán. El “catalanismo”, que no es necesariamente “independentista”, se convirtió pronto en hegemónico en la región, impulsado por la Lliga Regionalista, nacida en 1901. Este partido político defendía un programa político “regionalista” que implicaba la articulación de Cataluña de una manera diferenciada al interior del Estado español.

El único proyecto verdaderamente descentralizador a principios del siglo XX no tuvo lugar hasta 1914, con la creación de la Mancomunitat catalana. No sería hasta la Segunda República (1931-1936) cuando se trató de fraguar un proyecto de España federal que otorgara amplias competencias de gobierno a las identidades nacionales diferenciadas dentro del Estado. Este proyecto fue abortado por la Guerra Civil y el triunfo de las fuerzas golpistas antidemocráticas. La dictadura de Franco eliminó toda posibilidad de un proyecto descentralizador y de una España que reconociera su pluralidad interna, articulándose una política de represión brutal no sólo contra los partidos políticos en general y los catalanistas en particular, sino contra la propia lengua y cultura catalanas. Los vascos también sufrieron lo suyo. Toda España sufrió lo suyo. De esos polvos preñados de sangre, estos barros cargados de intolerancia. Como intuyó lúcidamente el intelectual liberal Benedetto Croce, la Historia no es otra cosa que el pasado que no pasa.

Muerto el dictador, el problema volvió a salir a la luz, hecho que muestra que el proyecto uninacional españolista, autoritario y centralista del franquismo sólo había podido imponerse bajo la égida de la represión. En cuanto llegaron los vientos de la democracia la cuestión catalana (y vasca, en menor medida la gallega) volvió a la palestra.

La rocosa fortaleza del sentimiento identitario catalán (y vasco) se muestra vigorosamente en el hecho de que durante la Transición, desde el primer minuto, nadie dudó (me refiero entre quienes defendían el cambio de régimen) en la convicción de que la democracia no podía llegar sin un proceso de descentralización que no era sólo administrativa sino de autogobierno y que implicaba algún tipo de reconocimiento de las identidades nacionales diferenciadas en el seno del Estado. Esta fue una de las principales tareas que hubieron de afrontar los sectores reformistas del franquismo (auténticos directores del proceso) y los miembros de la oposición democrática. Y probablemente el asunto del que más difícilmente emanaron consensos. Pero emanaron.

2.- La ruptura de los consensos de la transición

En lo fundamental, podemos resumir en tres los consensos que afectan a lo territorial alcanzados en la Transición:  a) el reconocimiento de altos niveles de descentralización y autogobierno, b) una aceptación ambigua y contradictoria de las realidad plurinacional del Estado (nombrado bajo el epíteto-eufemismo de “nacionalidades históricas”) y c) un consenso “indirecto” relacionado con el tipo de sistema electoral pactado entre las diversas fuerzas políticas, que garantiza la preeminencia de los dos partidos políticos más potentes a nivel nacional, pero también de los partidos políticos nacionalistas “periféricos” con fuerte implantación regional.

Estos tres consensos han entrado en barrena. En primer lugar, los “candados” del sistema electoral, ideado a finales de los 70 por las élites del reformismo franquista, constitucionalizadas en 1978 y refrendadas por el gobierno del PSOE con la LOREG de 1985, vigorosamente defendida por Alfonso Guerra en el Parlamento, que garantizaba una sobrerrepresentación de las provincias rurales y despobladas (de voto generalmente más conservador) y la preeminencia de los partidos con potente imbricación regional, han perdido parte de su efectividad como resultado del creciente voto abstencionista, que se fue del PSOE y el PP para no volver, y que en gran parte han ido a parar a los “nuevos partidos”, del tipo Ciudadanos y Podemos, o las diversas marcas electorales regionales de las famosas “confluencias”. Pero ojo, porque la abstención sigue siendo el partido más votado en España.

Es decir, un sistema electoral ideado explícitamente con la intención de estabilizar el sistema de representación en torno a dos grandes partidos y los partidos del nacionalismo periférico ha dejado de funcionar de la manera tan efectiva con la que venía funcionando. La irrupción de un Podemos con más de 5 millones de votos es la prueba más palpable. El auge de ERC, la llegada de las CUP al Parlament, la presencia de Ciudadanos, son también elementos que llaman la atención sobre esto.

La explicación de porqué el sistema electoral ya no cumple de manera tan engrasada la función con la que fue ideado está, en gran medida, en la crisis económica y las políticas de austeridad, que han tensionado hasta el quiebre a la sociedad española, especialmente a través de la potente brecha generacional que se ha producido en las tendencias de voto. Hoy la España joven vota preferente a las nuevas organizaciones nacidas al calor de la indignación ciudadana, mientras que las más antiguas permanecen ancladas al voto bipartidista.

Pero lo fundamental en la ruptura de los consensos territoriales de la transición está en las estrategias políticas llevadas a cabo por los partidos tradicionales de todo el espectro político. Y el que abrió la veda en esta ruptura fue, ni más ni menos, que el partido político que más ha hecho suya la bandera de los pactos del 78: el Partido Popular.

El origen de esta ruptura está en la decisión de Jose María Aznar, embriagado y desinhibido en su españolismo por la mayoría absoluta del año 2000, de dar un giro de 180 grados a la política territorial, emprendiendo una labor de recentralización del Estado y de combate al nacionalismo periférico que provocó una reacción defensiva del catalanismo que está en la base de lo que hoy está sucediendo.

Esta política de confrontación con el nacionalismo periférico fue continuada a partir de la derrota de 2004 por Mariano Rajoy, en un contexto cargado de dramatismo: los atentados del 11 de marzo. El Partido Popular decidió entonces no aceptar la derrota y achacar la victoria de Zapatero a una claudicación de la sociedad española frente al terrorismo. De esos mimbres, estos cestos. La estrategia de la crispación política del PP, entonces en la oposición, se reconcentró en atacar a la cuestión territorial como uno de los nodos centrales desde los que apretar filas y fomentar el hastío de la parte de la sociedad que no les vota, con el ojo puesto en lograr mayores cotas de abstención y desafección ciudadana, a la vez que mantenía a sus electores movilizados.

Esto no es una opinión personal, lo dicen ellos mismos: Gabriel Elgorriaga, entonces secretario de comunicación del PP, concedió una entrevista al Financial Times en 2008 en el que aseguró esto:

“Nuestra estrategia se centra en sembrar dudas en los votantes socialistas […], sabemos que nunca nos van a votar, pero si logramos crear suficientes dudas sobre la economía, la inmigración y los nacionalismos, quizás se queden en casa. […] Será complicado incrementar nuestros votos. El PP tiene una imagen muy de derechas en este momento. Nuestros propios votantes se consideran más de centro que el PP. […] Pero sus votantes son menos disciplinados que los nuestros. […] Nosotros estamos diciendo a los votantes socialistas que su Gobierno no está aportando soluciones a sus problemas. El resultado electoral depende del impacto de ese mensaje.”

Ganar votos en España machacando sobre el estereotipo del catalán insolidario fue una de las claves de esta estrategia. Así se entiende bien la decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatut de Catalunya, recordémoslo, aprobado por el Parlament catalán, reformado y aprobado en el Parlamento español y apoyado por el voto de los catalanes en referéndum.

En un muy reciente artículo en el diario.es, Javier Pérez Royo (http://www.eldiario.es/zonacritica/Condicion-sine-qua-non_6_685641466.html) ha explicado de manera magistral como esta decisión supone la definitiva ruptura del pacto territorial del 78, porque la manera en la que los constituyentes decidieron evitar la posibilidad de la independencia fue a través de permitir desactivar tal reivindicación con el pacto entre el Parlamento de las comunidades autónomas y el Parlamento español para la construcción de Estatutos de Autonomía que fueran a su vez rubricados en referéndum popular.

Así, la sentencia 31/2010 del Tribunal Supremo sobre la reforma del  Estatut, al desautorizar tanto el pacto entre los dos parlamentos como el referéndum realizado en Catalunya sobre el Estatut, significó la muerte de lo decidido por los constituyentes del 78.

La estrategia del Partido Popular de embate al catalanismo, recentralización, rancio españolismo y crispación política en torno a la cuestión territorial, aderezado del ataque directo a través de los jueces a la respuestas políticas surgidas del catalanismo, además de una obtusa y cerril negativa a sentarse a dialogar, ha provocado a su vez la disolución de las dos estrategias clásicas de la política catalanista: el federalismo del PSC y el nacionalismo del “pájaro en mano” de CIU. El “ha provocado” no exime de responsabilidad a quienes han decidido cambiar de estrategia dentro del catalanismo, sólo marca el hecho de que ha sido una respuesta determinada a un envite del Partido Popular.

La sentencia del Tribunal Constitucional acabó con el último bastión de la estrategia de reacción defensiva del catalanismo federalista representado por el PSC, que fue el proyecto de la reforma del Estatut como blindaje del autogobierno catalán frente al embate del nacionalismo españolista del Partido Popular.

Por su parte, la reacción del catalanismo nacionalista de la ya extinta CIU fue la del abandono de la política del “pájaro o mano” (peix a cove) – esto es, apoyar la estabilidad de los gobiernos en España a cambio de la cesión de espacios de soberanía en Catalunya- y apuntarse al proyecto independentista, en un contexto de creciente y profundo descrédito del partido que había gobernado ininterrumpidamente la Generalitat desde 1980 a 2003.

Todo esto, a partir de 2008, se enmarcará en el contexto de una potente crisis económica, que es la tercera clave que consideramos de suma importancia para entender todo el proceso.

3.- La crisis económica y su efecto en la política catalana

La situación actual en Cataluña no puede entenderse sin tener en cuenta, además de lo anterior, la expresión específicamente catalana de la indignación ciudadana cocinada en las brasas de las políticas de austeridad.

Dado que la política catalana ha estado tradicionalmente atravesada por dos cleveages que se combinan de manera muy específica, esto es, el eje izquierda-derecha y el eje territorial o de centro-periferia, y que este segundo ha galvanizado siempre las modulaciones del primero, la expresión de la indignación en Cataluña se ha articulado en la válvula de escape que ofrece la cuestión territorial y del sentimiento nacional diferenciado.

La crisis ha servido de catalizador y precipitante de la irritación creciente existente en sectores cada vez más amplios de la sociedad catalana ante las dificultades para llegar a acuerdos estables con el Estado sobre la cuestión de la identidad nacional catalana.

El componente de indignación social, que está en la base del crecimiento de la opción independentista en Cataluña, no es una cuestión menor, y esto ha sido claramente entendido por las fuerzas políticas nacionalistas catalanas.

De hecho, sin este factor no se entiende el viraje estratégico dado por las fuerzas del nacionalismo conservador catalán, que, precisamente siendo el alumno aventajado de las políticas de austeridad europeas, y estando acusado por gravísimos casos de corrupción política similares a los que azotan al Partido Popular en España, ha decidido “cabalgar sobre la ola de la indignación catalana” según la acertada expresión del veterano periodista Enric Juliana. Entrevistado por el diario “Nueva tribuna”, emitió el siguiente juicio al respecto, que reproducimos aquí dado que consideramos que muestra lúcidamente el tipo de claves al que estamos haciendo referencia:

(…) llega la crisis y efectivamente todas esas irritaciones se inflaman de una forma extraordinaria (…) evidentemente el partido gobernante en Cataluña [se refiere a CIU] cuando ve que el nivel de potencia y de intensidad de las protestas por los recortes es muy elevado decide cabalgar la ola de descontento (…) el independentismo social no es fruto de una manipulación, como se suele a veces equivocadamente diagnosticar desde Madrid (…) es la expresión específica del malestar catalán ante la crisis, que, como en todas las sociedades europeas han generado la suya, Cataluña ha generado ésta (…) Entonces ante la magnitud de la contestación social, el partido de Convergencia i Unió decide colocarse al frente de la manifestación.[2]

Esta situación ha modificado intensamente el funcionamiento del particular sistema de partidos que venía funcionando en Cataluña, expresión particular del “bipartidismo imperfecto” actuante en el resto de España. Se ha dado paso de esta forma a un sistema de partidos aún más polarizado y fragmentado, y los dos partidos que venían dominando tradicionalmente  la escena política catalana (CIU y PSC) están viendo desplazada su preeminencia.

El más claro ejemplo de ello es, por un lado, la creciente fuerza electoral que ha adquirido un viejo partido en el mercado electoral, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que nunca había tenido las perspectivas electorales de las que hoy disfruta[3].

De otro lado está la irrupción con fuerza en el Parlament catalán de tres fuerzas políticas que disputan la hegemonía a las tradicionales (Ciudadanos, desde el 2009 y las CUP a partir de 2012 y Catalunya sí que es Pot desde 2015), en un contexto en el que importantes plazas urbanas, como la propia capital de Catalunya, Barcelona, han sido arrebatadas a los partidos clásicos por nuevas fuerzas emergentes. El fenómeno Ada Colau, probablemente el que recoge más genuinamente la herencia indignada del 15M, es una clara demostración de los efectos de la crisis sobre el sistema político catalán.

Un problema histórico no solucionado, las decisiones estratégicas de los actores políticos, que quiebra los equilibrios inestables conseguidos en la Transición y una situación social explosiva como resultado de la crisis son por lo tanto tres claves ineludibles para entender el punto al que ha llegado la “cuestión catalana”.

Sobre estos tres ejes sobrevuela además la absoluta irresponsabilidad con la que los representantes políticos están manejando la cuestión.

Una actitud que trasluce que nos siguen considerando a los ciudadanos borregos e idiotas de lo público. A nadie se le escapa que todos, absolutamente todos, están jugando al ajedrez con los sentimientos identitarios de españoles y catalanes. A nadie se le escapa que todos buscan posicionarse de la mejor manera posible de cara a la próxima convocatoria electoral autonómica en Catalunya.

A las impresentables declaraciones de un Gabriel Rufián (ERC), que acusa a Ada Colau de querer “ser ministra” en un gobierno del PSOE, se suman las impresentables declaraciones de un Xavier Albiol (PP) que llega a recomendar a Gerardo Pisarello (de origen argentino) que se vaya de España si no está agusto con lo que hay; a la inaudita y peligrosa política de recortes de libertades del PP, que llega hasta el extremo de echar mano de jueces literalmente fascistas para impedir la celebración de un acto sobre el referéndum en las instituciones municipales de Madrid, o que impide a las CUP celebrar una charla en Vitoria-Gasteiz sobre el tema, se suma el impresentable espectáculo de un Parlament de Catalunya que aprueba leyes de primera importancia sobre la cuestión del referéndum o la independencia en ausencia, sin concurso y desconociendo la opinión de las fuerzas parlamentarias catalanas que no están deacuerdo con tales procedimientos y que representan, al menos, a la mitad de la ciudadanía de Catalunya.

Un espectáculo esperpéntico, que se suma al de la irresponsabilidad de los partidos políticos del status quo: el PP por su consabida política de insultar a Catalunya para ganar votos en el resto de España, y el PSOE por su incapacidad para ponerse deacuerdo sobre el modelo de España que defienden.

El colmo del cinismo lo representa la opción de la oligarquía del PSOE. Esto lo digo por ejemplo a tenor de unas declaraciones de Susana Díaz, realizadas en confidencialidad al solvente periodista de infolibre.org, Jesús Maraña, quien decidió revelarlas en su reciente e interesante libro “Al fondo a la izquierda”. En el contexto de la lucha de poder entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, y antes de que Sánchez hiciera de Leonardo Di Caprio en la inverosímil “The Revenant”, ésta le confesó que precisamente por la imagen españolista que transmite, ella era la más indicada para liderar al PSOE, porque así, cuando tuviera que enfrentarse al problema de la plurinacionalidad en España, hecho que reconoce abiertamente, en contra de todo lo que nos viene diciendo desde hace años, estaría más que legitimada para iniciar un proceso de reformas al respecto.

Les cito literalmente del libro de Marañas:

Susana Díaz: “mira, te voy a confesar algo. Yo creo que algún día habrá que reconocer que somos un estado plurinacional, y asumir a todos los efectos que Cataluña tiene singularidades. Lo complicado es hacerlo sin provocar desigualdades o insolidaridad con otras comunidades (…) Reconocerás que por esa imagen que tú dices y por el perfil que me atribuyen [se refiere a que tiene un discurso muy “antinacionalista periférico”], estaré mucho más cargada de autoridad que otros para abordar en serio el encaje de Cataluña y el modelo de Estado”

No sé a ustedes, pero a mí, al leer esto, se me salieron los ojos de las órbitas. Tuve que volver a leerlo tres veces porque no podía creérmelo. Dado que Maraña es un tipo que hace honor a lo mejor de su oficio, y que la lideresa andaluza no ha desmentido este punto, está claro que las palabras son ciertas, y, por lo tanto, que Susana hace lo que están haciendo la mayoría de los implicados en este espinoso asunto: tratarnos como a menores de edad, idiotas de lo público.

Mientras tanto, los problemas que azotan a las sociedades del Estado español en su conjunto siguen su curso: el de un modelo de democracia sin demos, en el que las instituciones representativas cada vez más se auto-enajenan de espacios de soberanía para cederlas a instituciones supranacionales que nadie ha elegido, donde se instaura un modelo de mercado laboral marcado por la precariedad, los bajos salarios y la reconcentración en el sector servicios en el contexto de un Estado del Bienestar cada vez más reducido y de una Europa de primera en el Norte y una Europa subalterna en el Sur. Lo dicho. Nos toman por imbéciles.

[1] 1.628.714 votaron a JxSí y 337.794 a las CUP

[2]http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/entrevista-a-enric-juliana-por-orencio-osuna/20121017153443082703.html

[3] Según un estudio de la empresa demoscópica Metroscopia de mayo de 2017, la intención directa de voto de ERC en unas futuras elecciones autonómicas catalanas es de un 19,8 %. Le siguen Catalunya sí que es Pot –CSQP- (11,4), PSC (11,3), Ciudadanos (10,7), PdeCAT (8,1), PP (4,3) y CUP (2,4). El barómetro de Opinión Pública (BOP) del CEO (segunda hornada de 2017), ofrece el dato de que en caso de celebrarse nuevas elecciones generales en España, ERC obtendría en Cataluña la primera posición en intención de voto (17,8). En el mismo sentido, el barómetro del CIS de julio de 2017 ofrece una intención de voto para ERC en las generales españolas de un 2,9%, por encima de PDeCAT (1,7%).

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