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La crisis catalana, cuyas consecuencias siguen siendo aún impredecibles, anuncia un posible cierre conservador a la crisis de representatividad que vive el régimen del 78 desde  2010.

En ese año se decidió en Europa, tras una breve política de raigambre neokeynesiana iniciada en 2008, aplicar un tipo de medidas de austeridad para afrontar la crisis que ha generado un potente desgaste del Estado de Bienestar, el empobrecimiento de las mayorías sociales, un aumento inédito de desempleo y una degradación salarial y de las condiciones laborales que se ha saldado con un significativo avance de la desigualdad en la distribución de la renta, que en España alcanza niveles de 1905.

Esto es un dato objetivo e incontestable que reconocen incluso instituciones muy poco sospechosas de radicalismo como la Fundación BBVA, que en un informe publicado en abril de 2016, titulado “Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas[1], centrado en investigar los efectos de la crisis en la generación de rentas, concluye que se ha desarrollado una potente degradación del nivel de vida en los hogares españoles y una creciente desigualdad en la renta que ha “generado situaciones de pobreza y exclusión social que, hace unos años, parecían desterradas de nuestra sociedad”.

Esta sangrante realidad ha propiciado que amplios sectores de la ciudadanía perciban que los representantes no les representan, dado que, independientemente de las promesas realizadas en campaña electoral, acaban beneficiando, con sus políticas públicas, a los intereses de las rentas más altas en detrimento de las mas pobres.

Esto es una crisis de representatividad y no sistémica u orgánica,  porque lo que está en juego no el sistema democrático, el modelo económico capitalista o el propio concepto de representación, sino las formas tradicionales con las que venían funcionando desde finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es la conciencia generalizada de que los valores que nuestros políticos dicen defender no se defienden, que la representación se ha convertido en un espacio vacío y que la crisis se está saldando con un aumento de la riqueza de quienes han sido sus principales instigadores.

Esta conciencia generó un malestar democrático que despertó a amplios sectores de la anomia política, el desinterés, el rechazo o la desafección, animándoles a participar en movimientos sociales y sobre todo en procesos electorales, en los que comienza a votarse a otros. De hecho, a cualquiera que no se identifique (sea esto cierto o fruto de tácticas de persuasión retóricas) con los de siempre.

Esto explica el aumento del voto a determinados “outsiders” de la política, ya sean éstos los que prometen leña al diferente (el chivo expiatorio de siempre, el negro, el latino, el moro, el musulmán, el refugiado) o los que desean construir un nuevo pacto progresista que incluye embridar la insaciable avaricia de las élites.

La crisis de representatividad ha alumbrado también un pensamiento lúcido en algunos sectores de la izquierda ubicados antaño en el auto exilio de las instituciones: hay que volver al Estado.

Ésto, que evidentemente tiene sus problemas, pero no es El Problema, ha sido importado en gran parte de América Latina, un espacio hasta ahora olvidado y que viene generando desde hace más de una década una interesante producción teórica y una significativa movilización social, base sobre la que se apoyó en parte el movimiento del giro a la izquierda en la región, un giro que, lamentablemente, está hoy en retroceso.

Toda una nueva generación de teóricos progresistas latinoamericanos está alumbrando una imprescindible producción intelectual y un bagaje de experiencias que no deben volver a ser condenadas al ostracismo en Europa. Un reencuentro con la modernidad desde la “periferia” que habrá que tener en cuenta para que Europa vuelva a encontrarse también con lo mejor de sí misma: la lucha por la emancipación gestada en la Ilustración.

En España Podemos aglutinó las esperanzas de esa conciencia indignada en la posibilidad de una reconstitución del pacto social. La titánica presión que recibieron no logró doblegarles, pero lograron desinflar sus expectativas. Atacando al núcleo central de la pasión que alimenta su principal propuesta a las mayorías sociales (la ilusión por el cambio), para lo cual no se ha escatimado en esfuerzos, aunque éstos supongan destruir a Grecia para orientar el voto en España, ha ejercido una hercúlea presión sobre Podemos que ha podido resistir a duras penas. Todo parece indicar que han logrado detener el techo electoral de la formación morada en unos 4 a 5 millones de votos.

Ésta presión a Podemos, movilizada a través de una inteligente estrategia del miedo articulada por las fuerzas conservadoras, (PP y Ciudadanos), con el inestimable apoyo de las oligarquías del PSOE, unido a importantes errores estratégicos (los tres principales: no lograr un pacto con el PSOE para lograr tumbar a Rajoy, aliarse a una fuerza digna pero asociada a la izquierda de siempre, esa que no convence y no entiende el problema de las identidades más allá de la “clase” y el terrible espectáculo de división interna previo a Vistalegre II) han servido de acicate para que los partidos del régimen del 78, aunque zaheridos, no hayan terminado por descomponerse.

Como resultado de este combate, hoy el sistema de partidos español es más plural, multipartidista y ya no bipartidista imperfecto. Esta realidad se sostiene en gran parte debido al voto de las nuevas generaciones nacidas a partir de 1974, educadas, urbanas y socializadas en La Red, nacidas en democracia y desconectadas de la experiencia de la dictadura, que lideran y arrastran a sectores del resto de cohortes. Estos jóvenes, cuando no se abstienen, votan preferentemente a Podemos o, en menor medida, a Ciudadanos, a los que ven como lo diferente. Ese es el futuro de España y estos dos partidos han venido para quedarse. La presencia de Ciudadanos y sus altas expectativas de voto es otro elemento que orienta los cambios hacia el conservadurismo.

Así las cosas, esta ventana de oportunidad abierta por la crisis de representatividad (la famosa posibilidad del asalto) parece que se ha cerrado, aunque ha dado frutos, porque la existencia de Podemos en el Parlamento augura una sana conflictividad partidaria, la vuelta a la creencia en alternativas, y, en fin, la reubicación del conflicto social en la arena pública. Porque la democracia también necesita disensos, y, sobre todo, espacios institucionales desde donde canalizarlos.

No obstante, la crisis en Catalunya potencia y augura el posible cierre definitivo por la vía conservadora.

Las fuerzas del independentismo catalán, aglutinadas bajo la armadura de la dignidad de la Nación ofendida, pusieron en marcha un colosal desafío al Estado, que pudo hasta las elecciones autonómicas de 2015 ondear, junto a la Estelada, la bandera de la democracia.

A partir de esa fecha, el independentismo, que no obtuvo la mayoría deseada, decidió responder al gobierno con sus mismas armas, entre ellas hablar del todo (el pueblo) defendiendo sólo a una parte, hacer del propio argumento una verdad incontestable y denigrar los matices en las opiniones. Una prueba de ésto es la confluencia de españolistas e independentistas en atacar al símbolo de la única posición que busca realmente el diálogo como mecanismo para solventar temporariamente el conflicto: Ada Colau.

A partir de entonces (las elecciones catalanas de 2015) la bandera de la democracia perdió lustre, y sólo quedó la Estelada, que es digna y representa los afectos de millones de catalanes, pero está lejos de lo que pudo haber significado.

Hoy hay en la cárcel dirigentes políticos y de la sociedad civil catalana, por defender sus ideas y su programa electoral, y no hay fuera de Catalunya una respuesta social digna de esta involución democrática.

Hoy no se habla de la corrupción, de los sobresueldos del presidente ni de política social.

Este error, el del enfrentarse a Goliath con sus propias armas y dejar en el suelo la onda de la democracia, ha sido sagazmente aprovechado por el gobierno, que ha contestado repartiendo en diferentes dosis palo y zanahoria, que es la forma simple, callejera y popular, de decir hegemonía, coerción y pacto, movilizando las pasiones patrióticas españolas concebidas como la imagen invertida del espejo al que le da lustre Catalunya.

En el caso del PP, el negocio es redondo. Ya no se habla de otra cosa más que de Catalunya.  El último CIS revela, por ejemplo, que la corrupción ha sido superada por el problema de la independencia catalana en preocupación de la ciudadanía. Un nuevo gol, por la escuadra, al espíritu del 15M.

El conflicto catalán sirve para que la derecha española se frote las manos, que ya sueña con una reforma constitucional de involución autonómica. La izquierda debiera tener en cuenta lo que está en juego, y apostar en bloque por una reforma que solvente el conflicto territorial de manera asimétrica, esto es, reconociendo especificidades concretas allí donde el sentimiento nacional diferenciado es evidente y extenso, esto es, Catalunya y Euskadi, que deberán tener un reconocimiento como nación y niveles de autogobierno acordes con la fuerza social que lo reivindica. Otra cosa será continuar enquistando el problema y seguir emitiendo cortinas de humo que nos impiden movilizar los afectos y las razones hacia otras causas, las sociales, que están siendo eliminadas de nuevo del conflicto político. Mucho me temo que los senderos no transitan por estas vías. Una nueva convocatoria electoral (generales) en primavera, ahora que los ánimos están caldeados, podría servir al PP para reforzar su salida conservadora. 

[1] https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2016_IVIE_Distribucion_de_la_renta.pdf

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