Sin título

La irrupción de Podemos en el año 2014 fue un acto con una gran carga simbólica: tomaba carta de naturaleza la crisis de representación política en España, producto de la extendida conciencia, en cada vez más amplios sectores de la población española, de que sus representantes no les representan (grito de batalla que tuvo su expresión máxima en el movimiento 15-M).

El 15-M y su heredero indirecto, el partido político Podemos, junto a las diversas experiencias asociativas y militantes de quienes se consideraron continuadores del espíritu de las acampadas, habían puesto el acento sobre una cuestión vital en nuestras actuales “democracias representativas”: la soberanía se estaba alejando del demos, ubicándose en espacios e instituciones donde el pueblo, garante último de la misma, no tiene ni voz ni voto.

El contexto de la crisis económica, y especialmente de las políticas de la llamada “austeridad”, suponen el marco en el que se desata la indignada protesta ante la acelerada erosión del pacto social gestado durante la Transición, asentado sobre una tríada de elementos considerados cuasi-idénticos: Europa, democracia y bienestar.

La evidencia de una Europa que presiona a los gobiernos para hacer pagar la crisis a los muchos, salvaguardando los intereses de los pocos,  junto a la acelerada descomposición de la ética pública de los partidos tradicionales, acuciados por escándalos de corrupción que muestran el profundo y sistemático latrocinio de los bienes del común, se relacionó directamente con las crecientes dificultades de la sociedad para sostenerse en ese bienestar que la democracia promete. La degradación de los servicios públicos, el crecimiento del paro, la devaluación salarial y laboral se convirtió así en plasmación gráfica de que aquellos que nos dicen representar están trabajando para otros. Los “otros”, nombrados con nombre y apellidos: los pudientes, y los bancos. Todos enriquecidos en el momento en el que el resto de la sociedad se empobrece y se aprieta el cinturón. Es decir, los “otros” son aquellos que provocan y se benefician de la penuria ajena.

Esto, que es una evidente simplificación, es también una verdad como un templo. No es una percepción alucinada, ni el efecto de un discurso de conducción del pueblo sobre un chivo expiatorio. No es demagogia, es la terrible realidad que nos circunda, comprobado una y otra vez con datos empíricos en múltiples estudios económicos y sociológicos. El desplazamiento de la renta desde los sectores más pobres a los más ricos en los años de la crisis es reconocido incluso por las instituciones asociadas a los máximos valedores y beneficiarios del sistema. El mismísimo FMI reconocía en un informe de octubre del 2017, alarmado por la “reacción popular contra la globalización” que “algo de desigualdad es inevitable en una economía de mercado, pero una desigualdad excesiva puede hacer desmoronarse la cohesión social, conducir a una polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico”[1]. El BBVA, en un informe encargado en 2016 para evaluar el proceso de generación de rentas en España[2] afirmaba en sus conclusiones que “el nivel de vida de los hogares españoles” se había deteriorado tanto desde 2007 que la renta per cápita y por hogar al inicio de la segunda década del siglo XXI se había reducido a los niveles de finales del siglo XX. A su vez, se afirma que no sólo ha caído ese nivel de renta, sino que ha empeorado “su distribución” (es decir, el reparto entre sectores ricos y pobres), provocando que en 2013 se estuviera en máximos históricos en niveles de desigualdad. De manera categórica se decía: “la conclusión evidente es que el reparto de la crisis ha sido muy desigual”, generando situaciones de exclusión y pobreza que creíamos “desterradas de nuestra sociedad”.

España no es nación libre ni soberana. Así empieza el desgarrador discurso de Joaquín Costa, el célebre “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España”, dictado y leído en marzo de 1901 para ser debatido en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Desde hace unos años se ha vuelto usual comparar la situación de degradación del régimen de la Restauración inaugurado en 1874, y que denunció Joaquín Costa, con la erosión del sistema político del llamado Régimen de 1978. No soy partidario de esta comparativa en abstracto, pues los contextos y el régimen de bienestar y libertades de uno y otro sistema político son inconmensurablemente distintos.

Sin embargo, en el alegato patriótico de Joaquín Costa, como el lanzado unos años antes por el ingeniero de caminos y geólogo Luis Mellada (“Los males de la patria”, 1890), hay una honesta indignación contra aquellos que se apropian de los bienes comunes, especialmente contra quienes tienen por encargo su defensa y protección (es decir, los políticos), que debiera estar grabada con cincel y martillo en todas las piedras del Congreso de los Diputados, la casa de la soberanía popular.

No es comparable la España de la Restauración con la actual, pero algunas cosas, lamentablemente, riman. Costa, en su furibundo ataque al corrompido sistema de gobierno de su época, y aludiendo a los casos de corrupción que entonces saltaban a la palestra pública, y en el que los ministros responsables del ramo alegaban inocencia al asegurar que la culpa era de otro, normalmente un subordinado, y que ellos no se había llevado ni un duro (primera rima con los tiempos actuales), tira de la tradición republicana romana clásica, y cita a Cicerón en unos famosos discursos (Las Verrinas) cuando acusa:

“(…) admito que ni una sola moneda haya pasado por las manos del acusado; pero cuando en precio de tus decretos, de tus bandos, de tus sentencias, se daba dinero, yo no tengo que saber quiénes eran los que lo recibían, sino que era exigido”

Rima la cadencia indignada de los escritos de Joaquín Costa en 1901 e incluso nos riman los de Cicerón de un siglo antes de nuestra era. Porque después de escuchar a tantos y tantos, hasta que agotan y se nos olvida, reconocer que el PP traficaba con los bienes públicos para conseguir financiación, con la que subvencionaban sus campañas electorales, sus fastos propagandísticos, sedes del partido, fiestas y cumpleaños dignos del hijo de cualquier déspota,  además de las apetencias de lucro de los Bárcenas, los Granados, los Cotino, Rato, González, Crespo, Castedo, Sepúlveda, Acebes, Fabra, Grau, Mata y un largo etcétera, que de largo ya cansa, y recibir como toda respuesta de su jefe máximo, el actual líder del Partido Popular y presidente del Gobierno, Don Eme Punto Rajoy, que “ya no tienen carnet del partido”, que se han tomado medidas, y que él jamás se llevó un duro, lo único que uno puede es acordarse de que ya en el siglo I a.C los ladrones de lo público  usaban esa estratagema.

La historia rima. Rima el apellido Costa, ahora con el nombre de Ricardo, que ha acabado reconociendo que la historia política del PP valenciano es una infecta poza de corrupción orquestada, de arriba abajo, para lucrarse con la plata del pueblo. Ese mismo PP valenciano que sostuvo a Rajoy en el poder del partido cuando en Madrid le afilaban los cuchillos los propios; ese mismo PP valenciano comandado por el jefe de los apandadores, el adicto a los trajes de lujo, Manuels Camps, un auténtico cacique, al que Rajoy, en 2009, agradeciéndole los servicios prestados, le dijo en mitin público: “Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado“. No lo veremos sentado a su vera en el banquillo, me temo.

Ricardo Costa y Joaquín Costa llevaban por bandera a España. Pero las diferencias son abisales. La bandera de España la lleva Ricardo en la muñeca, la misma mano que cogía los sobres donde anida el dinero de todos. La bandera de España de Joaquín Costa, afecto al liberalismo, más tarde al republicanismo y en algún momento cercano al socialista Pablo Iglesias, no al Turrión, sino al Posse (otra rima de las que hacen época), es la bandera de la indignación con aquellos que se dicen nuestros representantes pero que llevan décadas haciendo que España no sea soberana, y, por lo tanto, menos libre.

Ahora que todo el mundo ha enarbolado las banderas, de España o de Catalunya, no estaría de más que supiéramos cuáles son las banderas que apelan al bien común, y cuáles las que simplemente nos dejan a las mayorías sociales en la estacada. De acá a 2014 han pasado muchas cosas, tantas que nos nublan el juicio. Sobre esta nube de confusión, Rajoy sigue gobernando, su versión Don Limpio (Rivera y Cia) comienza a hacerle sombra y los que animaron la ilusión en 2014, los que si enarbolan la bandera de España que apela al bien común, aparecen oscurecidos, víctimas de sus propios errores, de la terrible fuerza del adversario y de las miserias del combate por el poder interno.

Como me duele España, que es mi tierra, y que es mucho más que la España de los intolerantes que no reconocen la diferencia, de los bullangueros que hacen de la digna causa política el plato de sus propias miserias de tertulia; como conozco a la España que sufre y se lamenta, que es digna y se indigna, que trabaja duro para salir adelante, que llora con los hijos que emigran, que se suele del desempleo y de las incertidumbres materiales de la vida y no considera ajeno los sufrimientos de los otros, sean propios o extraños, como esa España solidaria existe y merece la pena, no la demos por perdida. No dejemos que vuelvan a afectarnos con la desafección. No dejemos que nos vuelvan a contar la fábula de que todo es lo mismo.

No, la bandera de Ricardo Costa en la muñeca no es la misma bandera del Joaquín Costa que brama contra los ladrones de lo público. Su bandera es la de la España libre y soberana. Hoy, más que nunca, hay que enarbolarla.   

[1] Ver “Informe octubre 2017” en http://www.imf.org/external/spanish/

[2] https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2016_IVIE_Distribucion_de_la_renta.pdf

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