Resultado de imagen de cargas policiales 1 octubre

Según una página web dedicada al análisis de la vestimenta policial, el calzado de las UIP (Unidades de Intervención Policial, conocidos popularmente con el nombre de “antidisturbios”), debe cumplir estas funciones: capacidad de ejercer un buen punto de apoyo y tracción, además de proporcionar confort. Se les olvida mencionar la más importante de las funciones de las botas antidisturbios: defender la Constitución. O menor dicho: defender una determinada interpretación de la Constitución.

Todos pudimos observar el 1 de Octubre de 2017 la diligencia con la que las botas de los servicios y fuerzas de seguridad del Estado defendieron la Constitución Española. Este video[1] es sólo uno de sus ejemplos. Fue visto en toda España y en medio mundo. Queda así muy claro, para vergüenza y oprobio de quienes nos sentimos españoles y no concebimos a España de manera uninacional y excluyente, qué entienden algunos por defender a España, la Constitución y nuestros derechos fundamentales: saltárselos (desde una escalera y sobre la cabeza de un ciudadano).

Esa España que a muchos españoles no nos representa si representa la visión de la Constitución que tiene el rey Felipe VI. En puridad, es obvio que el rey defiende la Constitución, el problema es que lo hace sólo con respecto a algunas partes de su articulado, pero no con respecto a otras.

No creo que nadie pueda obviar que el rey defiende con honestidad, diligencia y eficacia algunos preceptos constitucionales. Todo lo que defiende en el fondo el rey de España de la Constitución está contenido en el artículo 1.3 de la misma, que reza: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Quiero decir con esto que el rey defiende honesta, diligente y eficazmente aquello de la Constitución que le sirve para defenderse a sí mismo y a la institución que representa. La función de la monarquía no es por lo tanto otra que ésta: demostrar constantemente que tiene sentido mantener una institución medieval y no electiva (por lo tanto poco democrática) en el siglo XXI.

La historia de la lucha democrática es la historia de la lucha contra el sistema de privilegios derivado del régimen feudal que mantuvo como base de su estructura social el llamado Antiguo Régimen. Esta lucha se ha dirimido en relación a la correlación de fuerzas presentes en cada país. En algunos lugares esa correlación de fuerzas impuso la eliminación de la institución monárquica, en otros, como en España, la permanencia de dicha institución relegando su papel al ejercicio de algunas cuestiones de carácter simbólico y, en especial, al cumplimiento de una función de “arbitraje”. El Monarca, como Jefe del Estado, debe servir como elemento garante de la unidad y la concordia entre las partes diferenciadas que forman parte del Estado. A esa función se consagra el artículo  56.1 de la Constitución:

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Esta función de arbitraje el rey Felipe VI se la saltó, desde la escalera y sobre la cabeza de todos los españoles, al pronunciar el día 3 de octubre un discurso que reproducía, punto por punto, la visión que de la cuestión catalana tiene el actual gobierno de España. Dado que en España no nos está permitido elegir el modelo de Estado (monarquía o república) que deseamos, es la única función, la del arbitraje, que pudiera tener cierto sentido para mantener la monarquía. Para algunos ni siquiera esa función es legítima, caso del que firma este texto, dado que la imposibilidad de elegir al respecto invalida desde su origen, y desde un punto de vista estricta y radicalmente democrático, la atribución de dicha función a la persona y la institución de la monarquía. Pero muchos comulgamos con esta rueda de molino, entre otras cosas porque reconocemos que no existe en nuestro pueblo una gran movilización social para reivindicar la posibilidad de la elección del tipo de Estado.

Pero si ya ni siquiera cumple esa función de arbitraje, es dificultoso entender cuáles son las razones de su permanencia, a no ser que sea la de garantizar un estado de cosas heredado de una dictadura y que muchos se resisten a cuestionar.

A raíz de la reciente celebración en Barcelona del Mobile World Congress, algunos medios y líderes políticos han criticado a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, por el cierto desplante que mantuvo con respecto al rey, al negarse a acudir a la célebre y antediluviana ceremonia llamada “besamanos” y al papel discreto y de segundo plano que ha jugado en las visitas oficiales de rigor que el rey ha realizado con las autoridades públicas catalanas en tal importante evento. En mi opinión la alcaldesa ha tenido un gesto de elegancia exquisito, de respeto institucional a la vez que de manifestación de desagrado con la actitud del rey con respecto al asunto catalán.

Ha trascendido a la opinión pública que el rey y la alcaldesa (recordémoslo: uno no elegido directa y democráticamente y otra elegida con el voto de los ciudadanos) mantuvieron una tensa pero cordial conversación en la que Colau le dijo al monarca que no fue muy acertado su discurso del día 3 de octubre, dado que abiertamente apoyaba la política represiva del gobierno con respecto al conflicto en Catalunya. El rey le respondió que su papel era “defender la Constitución”.

Desde luego, ese papel es el que le otorgan las leyes, pero no deja de resultar curioso que el rey participe activamente en la defensa de algunos preceptos constitucionales, como el de la indisoluble unidad de España (en el supuesto de que esto estuviese realmente en juego con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, cosa de la que se pueden tener serias dudas) pero jamás hayamos escuchado al rey realizar un discurso tan claro y contundente para defender por ejemplo el artículo 47, que afirma:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos

No deja de ser paradójico que el Rey, un cargo no electivo, se permita ser tan selectivo en la defensa de aquello que considera imprescindible de nuestro ordenamiento constitucional. En definitiva,  el Rey tiene “derecho a decidir”, pero los españoles no.

Esto ha quedado claramente demostrado con la condena al rapero mallorquí Valtónyc. Una de las canciones por las que ha sido condenado es “No al Borbó” (“No al Borbón”), en la que critica al rey (Juan Carlos I) por irse de putas y cazar elefantes (dos de sus actividades favoritas como todo el mundo en España sabe) y tener amistades lucrativas con dictaduras árabes (otra evidencia palpable). Hay en la canción otra serie de afirmaciones irrespetuosas e irreverentes con la monarquía menos  interesantes, de hecho bastantes superfluas y poco elegantes, como las referentes a la vida sexual de los miembros de la familia real, y otras que son evidentemente inexactas (el rey no es un dictador, que es otra cosa bien diferente). Además se hace referencia explícita a la necesidad de empuñar las armas para reinstaurar la República (cosa que no deja de ser la expresión de un deseo o un recurso retórico, pero en ningún caso un acto de terrorismo). Todo esto debiera quedar enmarcado, pura y simplemente, en el ejercicio de la libertad de expresión. Pero parece que este rapero mallorquí no tiene derecho a decir lo que piensa, esté más o menos acertado. Ni los españoles ahora podemos elegir si nos gusta la música de Valtónyc o no, porque lo único que podemos pensar ya al escucharlo es la tremenda injusticia que se está cometiendo con él. Un rap mucho más brillante y sutil es el del sevillano Tote King, y letras como ésta (*)[2] me parecen mucho más subversivas. Sin embargo, al de Mallorca le ha tocado, como a otros, vivir el daño colateral de una época, ésta en la que vivimos, en la que asistimos a un revival de la censura. En nombre del respeto a la Constitución.

Pues bien, la constitución no es la Sagrada Biblia, ni el Sagrado Corán, ni las Obras Completas debidamente expurgadas de Marx y Engels convertidas en fetiche dogmático en la URSS. La Constitución es sólo un texto nacido de una determinada configuración de fuerzas políticas en el periclitar de una dictadura. Tiene cosas hermosas, como el artículo 47, que considera la vivienda como un bien común no sujeto a especulación, y cosas deleznables, como ese que consagra la monarquía como forma de Estado sin que podamos decir nada sobre ello, o el artículo que confirma la inviolabilidad legal del rey (artículo 56.3). Hay quienes defienden de la Constitución sólo lo deleznable, y hay quienes defienden de la Constitución aquello que atiende al bienestar común. De la misma manera, hay quienes hablan de España sólo para reafirmar sus tendencias autoritarias, conservadoras e inflexiblemente intolerantes, y otros que hablan de una España plural, que reconoce sus diferencias nacionales internas, y que se preocupan fundamentalmente de que atienda a los intereses de aquellos en quien reside la verdadera soberanía. Creo que está bastante claro de en qué lado de la ecuación están Felipe VI y Ada Colau. Creo que está muy claro que hay que defender de la Constitución y que hay que rechazar de la misma.  Creo que está muy claro que hay que expresar de manera enérgica nuestra repulsa a quienes hablan en nuestro nombre pero no nos representan.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=YpXgWDpxSCo

[2] https://www.youtube.com/watch?v=2ZUEH6a5Qss

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